El CERMI pide una Ley que equipare los servicios sociales de todas las comunidades autónomas

PALABRAS CLAVE: CERMI, Propuesta legislativa
Autor: Down España
Fecha de publicación: 15/06/2009
Clase de documento: Noticias
Formato: Texto

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RESUMEN:

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quiere garantizar "unos parámetros iguales de atención a todos los ciudadanos" españoles independientemente de la comunidad en la que residan

Noticia

El CERMI pide una Ley que equipare los servicios sociales de todas las comunidades autónomas

El CERMI, al que pertenece DOWN ESPAÑA, ha planteado la necesidad de que el Estado se dote de una Ley de garantía de derechos y servicios sociales, a fin de hacer efectiva, en todo el territorio nacional, la inclusión social de todas los españoles.

Durante su intervención en el IV Congreso Nacional de Servicios Sociales, que tiene lugar en Zamora, Luís Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, ha afirmado que ha llegado el momento de que mediante una ley estatal se aseguren unos parámetros iguales de atención a todos los ciudadanos que precisen apoyos para su inclusión social.

Para el CERMI, resulta un contrasentido que un Estado moderno como el español carezca absolutamente de competencias en materia de garantía de derechos y servicios sociales, y que solo sean las Comunidades Autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones.

Para los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión, como el de las personas con discapacidad, es preferible un sistema de garantía de derechos sociales de ámbito estatal, que asegure unos resultados de atención y apoyos, que 19 sistemas distintos, diversos y dispersos, que acentúan las desigualdades por razón de dónde se resida.

Según el CERMI, la actual Constitución ampara al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de Seguridad Social como respecto de garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles.

La desposesión actual del Gobierno central en materia de regulación de derechos sociales debilita las posibilidades de inclusión de los grupos en riesgo de exclusión, que necesitan un marco garantista estatal de derechos subjetivos que favorezcan la inclusión social.

En estos años de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, los servicios sociales no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos. Para el CERMI, este déficit tiene que ser atacado mediante una norma estatal que establezca unos mínimos iguales para toda España.