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Textos legales, Convocatorias y Subvenciones -> Convención Internacional de derechos de PCD

Entrevista a Ana Sastre Campo

PALABRAS CLAVE: CERMI, Tratado internacional, Convención, Derechos, Entrevista
Autor: Down España
Fecha de publicación: 01/12/2008
Clase de documento: Entrevistas
Formato: Texto

Referencia bibliográfica

> Nº de páginas: 2
> Colección de datos: Revista Down España nº 40

RESUMEN:

Entrevista a Ana Sastre Campo, delegada del CERMI para la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

ENTREVISTA A ANA SASTRE CAMPO

Delegada del CERMI para la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

EL OBJETIVO DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DISCAPACIDAD ES PROMOVER, PROTEGER Y ASEGURAR EL GOCE PLENO Y EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES POR TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN VIRTUD DE DESTE DOCUMENTO, LOS PAÍSES FIRMANTES, ENTRE ELLOS ESPAÑA, SE COMPROMETEN A ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA POLÍTICAS, LEYES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA ASEGURAR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL DOCUMENTO Y ABOLIR LAS LEYES, REGLAMENTOS, COSTUMBRES Y PRÁCTICAS QUE CONSTITUYEN DISCRIMINACIÓN.

1. Es usted jurista y tiene una dilatada trayectoria en el sector de la discapacidad y la economía social, pero asume un puesto de nueva creación ¿Cuáles serán sus cometidos y retos a partir de ahora?

Llevo más de 10 años vinculada a la acción en favor de las personas con discapacidad pero sin duda esta es una de las oportunidades más apasionantes que me brinda mi carrera profesional y espero aprovecharla al máximo. Cuando ocupé mi cargo ya existía un plan de trabajo aprobado en el CERMI que marca mis líneas de acción, en concreto sobre tres ejes: la difusión de la Convención, la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico y el seguimiento de la Convención. La creación de mi puesto ha sido al fin y al cabo una acción dentro de ese plan de trabajo, que entiende no solo la importancia de la Convención sino la oportunidad que brinda este nuevo marco jurídico para seguir desempeñando las funciones que el CERMI venía desarrollando ahora en clave de derechos humanos y por lo tanto con más fuerza que nunca.

Mi mayor reto es el de comprometer e implicar a toda la sociedad en el cambio de modelo de tratamiento de la discapacidad. Si conseguimos que todas las personas, no solo las personas con discapacidad, los agentes sociales y económicos, los gobiernos, los profesionales, la sociedad en general se reconozcan en la Convención significará que cada uno ha asumido su responsabilidad y en ese momento el modelo social será una realidad.

Es importantísimo hacer ver que esta Convención no es solo una convención para las personas con discapacidad igual que es muy importante que sean las personas con discapacidad quienes lideren el cambio, participando activamente y constructivamente en la implementación de la Convención.

2. En su opinión ¿Cuál es el mayor logro de la Convención? ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones de discapacidad en la negociación del texto de la Convención?

Quizá el mayor logro ha sido precisamente que la Convención ha respetado una reivindicación permanente e histórica de las personas con discapacidad “Nada para nosotros sin nosotros”, puesto que la participación del movimiento social de las personas con discapacidad en la redacción de la Convención ha sido muy activa desde los inicios; y esto ha llevado a obtener los mejores resultados que se podía esperar de una Acuerdo internacional en estos momentos, que es el paso formal y definitivo del modelo rehabilitador hacia un modelo social en el tratamiento de la discapacidad. El modelo social implica la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, y esto que puede parece tan obvio no se está cumpliendo en muchas países del mundo; incluso en España dónde hay un nivel de reconocimiento de derechos bastante correcto; todavía hoy se niega el ejercicio de determinados derechos a algunos ciudadanos por el simple hecho de manifestar una diferencia física, sensorial o psíquica. El cambio de modelo supone el respeto por la diversidad y por lo tanto el trato discriminatorio basado en esa diferencia deberá ser eliminado y reprobado y será una cuestión de derechos humanos no de política social.

3. En el caso de España, se está llevando a cabo un estudio para analizar el impacto de la Convención en nuestro ordenamiento jurídico, que permitirá ver qué aspectos deberán modificarse, impulsando a partir de ahí las acciones a llevar a cabo para la aplicación del texto. ¿Opina que esta adaptación será complicada en el caso de España?

Es muy interesante e importante conocer la opinión de la Academia, de los expertos del Derecho en cuanto al impacto que la ratificación de la Convención supone para nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente el CERMI está colaborando con un grupo de profesores del Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III, en la elaboración de un estudio financiado por la Fundación ONCE que valora esta cuestión. Este primer análisis nos servirá de punto de partida para trabajar propuestas concretas desde el CERMI sobre aquellos cambios normativos que consideramos que deben hacerse para respetar plenamente los principios y derechos reconocidos en el Convención. Como recientemente ha dicho el presidente del CERMI, “con criterios de incidencia política propios del movimiento social de la discapacidad al que representa el CERMI, se elaborará una iniciativa legislativa articulada que tras su legitimación interna se elevará al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, solicitando su tramitación como proyecto de ley”.

El CERMI apuesta por una ley transversal que contenga las modificaciones o novedades que deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico actual de acuerdo a la Convención. Se trata de abordar esta cuestión de la forma más ágil y eficiente para que no se dilate injustificadamente esta adecuación normativa que sin duda iría en detrimento de los objetivos de la Convención.

Partimos de una situación aceptable porque en algunos aspectos nuestro ordenamiento jurídico ya reconoce muchos de los principios que proclama la Convención, como ocurre en la LIONDAU. Sin embargo, en otros aspectos, las normas que regulan las políticas de discapacidad en nuestro país están elaboradas desde la perspectiva del modelo rehabilitador o médico de la discapacidad, y aunque el objetivo sea el de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, algunas veces los medios no son, o no han sido, los más adecuados y el objetivo no se ha cumplido con las garantías que hubiera sido deseable. Debemos enfrentarnos a la adaptación de forma constructiva tratando de adecuar nuestra legislación para que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad y se garantice su autodeterminación como ciudadanos de pleno derecho.

4. ¿Qué repercusiones cree que tendrá en el corto, medio y largo plazo este Tratado internacional en el día a día de las personas con discapacidad intelectual?

A efectos prácticos las personas con discapacidad deberán dejar de ser “objetos” de políticas asistenciales y pasarán a ser “sujetos” de derechos y los Estados deberán hacer políticas públicas en todos los ámbitos que no discriminen ni directa ni indirectamente a las personas con discapacidad.

Algunas de las medidas reflejadas en el tratado, orientadas a hacer valer los derechos de las personas con discapacidad van más allá de lo que hoy nuestras leyes establecen, en el caso concreto de la discapacidad intelectual el artículo 12 del texto pone especial énfasis en los sistemas de apoyo a la autodeterminación de las personas con discapacidad que pudieran ver modificada o limitada su capacidad de obrar; al albur de este precepto debemos ser capaces de crear mecanismos que apoyen y no sustituyan la voluntad del individuo siempre que sea posible y esto deberá ser la regla general. Por lo tanto tendremos que contribuir a crear una sociedad en la que la discapacidad intelectual cuente con todos los medios a nuestro alcance para garantizar el máximo nivel de autonomía posible de cada individuo. Esto implica acciones en muchos ámbitos, en la educación, en los sistemas de autonomía personal, en el empleo, en el ocio, en su participación en la vida pública, etc.

5. Uno de los puntos de la Convención dice que “los Estados se comprometen a sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar para que tome conciencia respecto de las personas con discapacidad”. ¿De qué manera piensa que se materializará este compromiso estatal?

Como ya he mencionado antes el éxito de la Convención depende en gran medida de que la hagamos valer no solo entre las personas con discapacidad sino entre todos los ciudadanos, las familias, los cuidadores, los agentes sociales, los profesionales, etc. Algunas de las acciones que se van a solicitar desde el CERMI irán orientadas a la formación respecto de los derechos de las personas con discapacidad en todos lo ámbitos y de forma transversal, a través de campañas de sensibilización, o con la inclusión de asignaturas concretas en los currículos formativos. Se acaba de aprobar una propuesta en el Congreso de los Diputados que insta al gobierno a tomar las medias necesarias para la implementación de la Convención, entre estas medias deberán estar las de difusión y sensibilización.

6. ¿Qué herramientas se han previsto para que realmente se cumpla totalmente el contenido de la Convención?

A nivel internacional el 3 de noviembre de este año se elegirá a un Comité de Expertos que velará por el cumplimiento de la Convención entre los países que han ratificado el texto, en la actualidad 41, entre los que está España. El Gobierno de España presenta una candidata al comité que pertenece al movimiento asociativo, es Ana Peláez, la Comisionada del CERMI para las cuestiones de Género, que participó directamente en las negociaciones de tratado internacional.

Además existe un Protocolo Facultativo, independiente, que puede ser firmado y ratificado por los países, a voluntad. Los ciudadanos de Estados Partes que, además de ratificar la Convención, ratifiquen el Protocolo adicional a la Convención podrán presentar quejas y reclamaciones al Comité de Expertos. El Estado reconocerá la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una vulneración por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas

Además a nivel nacional el Consejo Nacional de la Discapacidad ha sido proclamado como órgano gubernamental de aplicación y seguimiento de la Convención de acuerdo al artículo 33.1 del texto. La Convención prevé también la designación de otro organismo independiente que promueva, proteja y supervise la aplicación del tratado y el CERMI ha solicitado al Ministerio de Educación y Política Social este reconocimiento.

Creo que en este sentido debemos estar orgullosos de cómo se está implementando la Convención en España, por el hecho de que la participación de la sociedad civil que representa a las personas con discapacidad es una realidad y es uno de los principios consagrados en el texto del tratado.

“Debemos estar orgullosos de cómo se está implementando la Convención de España”

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