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El Congreso pide al Gobierno que reforme la Ley Electoral para que no se anule el derecho al voto de las personas con discapacidad

  • PALABRAS CLAVE: Incapacitación Judicial, Incapacitación legal, Down España, Reforma, Derecho de sufragio, Derecho al voto, Ley Electoral, Derechos políticos
  • Autor: DOWN ESPAÑA
  • Fecha de publicación: 24/10/2013
  • Clase de documento: Noticias
  • Formato: Texto

Referencia bibliográfica

  • > Editor: DOWN ESPAÑA
  • > Nº de páginas: 2

RESUMEN:

La iniciativa aprobada por unanimidad en el Gongreso, insta al Gobierno a elaborar en seis meses un informe con propuestas para adecuar la legislación electoral a la Convención de Naciones Unidas para que no se pueda privar del derecho de voto a ninguna persona con discapacidad

 

Noticia

 

 

El Congreso pide al Gobierno que reforme la Ley Electoral para que no se anule el derecho al voto de las personas con discapacidad

 

Aprobada por unanimidad, la iniciativa insta al Gobierno a elaborar en seis meses un informe con propuestas para adecuar la legislación electoral a la Convención de Naciones Unidas.  

 

En la actualidad hay en España 80.000 personas que no pueden ejercer el voto porque la Ley Electoral permite que un juez pueda negárselo, si estima que una determinada discapacidad intelectual o mental impide la elección libre y autónoma de una opción política.

En concreto, la ley establece que carecen de derecho a voto aquellas personas declaradas incapaces por una sentencia judicial firme, o internadas en un hospital psiquiátrico con autorización judicial.

La propuesta elevada al Gobierno pretende cambiar este escenario para que no se pueda privar del derecho de voto a ninguna persona con discapacidad.

 

Consenso entre los grupos parlamentarios

Desde el PP, su portavoz en materia de Discapacidad, Paco Vañó, ha reconocido también que falta por adaptar a la legislación española el derecho de sufragio para las personas con discapacidad. Eso sí, ha subrayado que tanto el Ministerio de Justicia, como el de Sanidad, trabajan conjuntamente en la adaptación legislativa de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye reformar la Ley Electoral.

Por el PSOE, Ramón Jáuregui ha recordado que las personas con discapacidad ya tienen derecho por ley a votar y, que de hecho, en agosto de 2011 se aprobó una ley que trasponía la legislación española a la citada convención de la ONU sobre discapacidad, pero que no se cumple. "En su disposición adicional ya establecía que el Gobierno tenía que adaptar toda la regulación de la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad. Ya hay un mandato que todavía no se ha cumplido y también hay iniciativas aprobadas en el Congreso", ha agregado.

Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como UPyD también han votado a favor porque, a su juicio, se habla de un "derecho fundamental" como es el voto de las personas con discapacidad.

"Es un mandato concreto y conciso porque la actual normativa debe adecuarse a esa legislación, que actualmente no está", ha defendido CiU, que espera que "pase a ser la regla general el derecho al voto y que no pase como ahora, que la mayoría de sentencias sobre personas con discapacidad van aparejadas con esa privación del derecho de sufragio", lamentan. Aseguran que vigilará si el Ejecutivo cumple con este mandato parlamentario.

El PNV, por su parte, ve "razonable" la propuesta. "Apoyamos la iniciativa por la justeza de la propuesta, porque también forma parte de las recomendaciones del CERMI y porque forma parte del derecho internacional público", sentencian.

  

Incapacitación jurídica

La negación del derecho al voto se produce en muchas ocasiones cuando la propia familia solicita la incapacitación jurídica para la persona con discapacidad, sobre todo para protegerlo de estafas o problemas derivados de aspectos patrimoniales.

DOWN ESPAÑA ha recomendado siempre a las familias que no opten por la incapacitación jurídica y que en caso de que sea absolutamente necesario, que acudan primero al fiscal especializado en discapacidad que corresponda a la jurisdicción de su ciudad o provincia, para que pueda analizar el caso particularmente y orientarles. De hecho, existe una instrucción de la Fiscalía para tratar de impedir que se incluya por defecto la negación al voto en cualquier sentencia de incapacidad parcial. Esta instrucción (3/2010) recuerda a los fiscales que "la limitación del derecho de sufragio habrá de acreditarse mediante la actividad probatoria suficiente, que el estado físico y psíquico del afectado le imposibilita para decidir de forma libre y consciente sobre quien ha de representarle en los asuntos públicos". Es decir, no vale con la inclusión de la coletilla en las sentencias “por costumbre”.

Toda esta situación se podría cambiar si en los casos de incapacitación jurídica no se incluyera además la eliminación del derecho a sufragio. Según el gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía, “es una limitación sin sentido de los derechos civiles de las personas con discapacidad, y conviene recordar que el sufragio universal no establece limitaciones por cuestiones de discapacidad”.

 

 

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