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Textos legales, Convocatorias y Subvenciones -> Convención Internacional de derechos de PCD

Entrevista a Jaime Alejandre - El Principal factor integrador de nuestras sociedades es el trabajo

PALABRAS CLAVE: Entrevista, Empleo público, Trabajo, Empleo con apoyo, Convención ONU, Trabajadores con discapacidad
Autor: Down España
Fecha de publicación: 01/12/2010
Clase de documento: Entrevistas
Formato: Texto

Referencia bibliográfica

> Editor: Down España
> Colección de datos: Revista Down España nº 46

RESUMEN:

La Convención de la ONU supone un cambio radical de la anticuada visión de la discapacidad cuyo objetivo principal era la asistencia al discapacitado. No obstante, La inclusión de pleno derecho de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad debe pasar por su incorporación al mercado de trabajo, ese es el fin que los gobiernos y la sociedad han de perseguir

ENTREVISTA JAIME ALEJANDRE

Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.

“EL PRINCIPAL FACTOR INTEGRADOR DE NUESTRAS SOCIEDADES ES EL TRABAJO”

Desde que tomó posesión de su cargo ¿cuáles han sido sus prioridades?

En este sentido, como sabrán, el pasado 3 de diciembre el Gobierno aprobó un Proyecto de Ley de Adaptación de una decena de leyes a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Ley incluye cuestiones muy relevantes como la actualización de la definición legal de persona con discapacidad para adaptarla a la contenida en la Convención y el reforzamiento del diálogo civil y la participación de familias y asociaciones. También se modifica el régimen sancionador, y se invierte la carga de la prueba (corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación). En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser accesible y adaptada a sus diversas capacidades, de acuerdo con el principio de diseño para todos. Lo mismo sucederá con la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones.

En lo que respecta al empleo, en las ofertas públicas se aumenta el cupo de reserva pasando de un 5 a un mínimo del 7 por 100. Y muy significativamente, al menos el 2 por 100 deberá ser cubierto por personas con discapacidad intelectual, y las plazas que no se cubran deberán incorporarse a las siguientes convocatorias. Igualmente, se ordena al Gobierno que en el plazo de un año promueva medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2 por 100 de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de cincuenta trabajadores, así como para establecer condiciones en los contratos del sector público relacionadas con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad en la ejecución de los mismos. También se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de seguros, de forma que no se les podrá denegar el seguro a las personas con discapacidad ni se les podrán imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.

Cumplido este objetivo, en los próximos meses esperamos aprobar un importante paquete de medidas entre las que destacaría: un real decreto de accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del público en los ámbitos de consumo; comercio minorista; bienes y servicios de carácter financiero, bancario y de seguros; sanitario; de carácter social y asistencial; educativo; seguridad ciudadana, emergencias; de carácter medioambiental o recreativo.

También aprobaremos un real decreto de Voto accesible y otro de coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo en los procesos de inserción en el mercado de trabajo mediante un Dictamen de Capacidades; una “Estrategia integral española de cultura para todos” que garantice el ejercicio de los derechos tanto en el disfrute de la cultura como en su participación activa como creadores; y un “Plan de Acción juguetes para todos” que favorezca la estimulación de las capacidades diferenciadas en la infancia que consideramos de la máxima importancia. Y todo ello reforzando la perspectiva de género para combatir la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad e incluyendo la discapacidad en el medio rural.

Para terminar, me parece esencial transmitir a la sociedad la consolidación de las políticas sobre discapacidad desde el punto de vista de los Derechos Humanos, en condiciones de absoluta igualdad e inclusión entre todos los ciudadanos, con o sin discapacidad, esto es, transmitir un modelo de progreso que se basa en las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional de un colectivo de cuatro millones de ciudadanos.

“LA CONVENCIÓN SUPONE UN CAMBIO RADICAL DE PARADIGMA DE LA ANTICUADA VISIÓN DE LA DISCAPACIDAD”

¿Cuál considera que es la principal barrera que existe para que las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual logren una verdadera inclusión en la sociedad?

Podemos considerar aceptado universalmente que el principal factor integrador e inclusivo de nuestras sociedades es el trabajo. Por ello, la inclusión de pleno derecho de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad debe pasar por su incorporación al mercado de trabajo. Ello obliga a tomar medidas directas sobre las políticas de empleo como las que he anunciado más arriba u otras entre las que destacaría la aprobación en 2008 de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, que incluye unos objetivos determinados y la inversión de 3.700 millones de euros. Incentivos a destacar serían las subvenciones por puesto de trabajo creado en Centros Especiales de Empleo que pueden alcanzar los 12.000 euros, bonificaciones del 100% de la cuota empresarial a la seguridad Social, subvenciones del coste salarial hasta un 50% del salario mínimo interprofesional o subvenciones para adaptación de puestos de trabajo de hasta 1.800 euros por puesto. Y del mismo modo en Enclaves Laborales o en el Empleo con Apoyo. Y también hay que recordar las medidas urgentes de la Ley 27/2009 para el Mantenimiento y Fomento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas, que amplía subvenciones y bonificaciones en la contratación de personas con discapacidad o la puesta en marcha del portal web ADAPTAR, que facilita la evaluación y análisis de los puestos de trabajo y de las capacidades de la persona con discapacidad. Medidas todas estas que podemos decir que han dado su fruto, pues en un año como el 2010, en el que todavía se ha destruido empleo en otros sectores de la población, las contrataciones de personas con discapacidad se han incrementado en un 19,4%.

Pero las políticas activas de empleo no son suficientes sin dos prioridades políticas previas como son la accesibilidad y la educación. De poco sirve contar con medidas de apoyo al empleo si la persona con discapacidad encuentra barreras en el transporte o si su formación se mantiene por debajo de lo que debería ser, por ello, mi Dirección General está reforzando todas las medidas referentes a estos ámbitos.

En su opinión ¿existe una verdadera educación inclusiva en nuestro país?

Creo que hemos avanzado de manera muy importante a este respecto. La voluntad de mejora continua y de progreso efectivo de nuestro Gobierno ha llevado a la reciente creación del Foro de Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación, que abordará específicamente el tema desde la escuela hasta la universidad y estamos convencidos de que en su seno se identificarán las medidas clave para conseguir la máxima educación inclusiva en España.

¿Qué escenario se perfila en España tras la ratificación por parte de nuestro Gobierno de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU?

La Convención supone un cambio radical de paradigma de la anticuada visión de la discapacidad, desde un enfoque asistencialista al de los derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones de un porcentaje de población que, tanto en Europa como en España, supone un 10%.

En el caso de España, este cambio de paradigma se produjo ya en nuestra Constitución de 1978, pero evidentemente hay que seguir avanzando. Ya he señalado la aprobación del Proyecto de Ley de Adaptación a la Convención, pero seguimos trabajando en una total adaptación elaborando un Anteproyecto de Ley de Reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación, buscando la mínima tutela, tal y como refleja el artículo 12 de la Convención. Y también tenemos ya muy avanzado un proyecto de real decreto de modificación de diversas normas reglamentarias para adaptarlas a la Convención.

Un sueño por alcanzar en su puesto…

La plena igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Y el cambio de perspectiva de la sociedad en su conjunto. Por ponerlo con un ejemplo gráfico, que cuando un ciudadano se encuentre con una persona con discapacidad en una silla de ruedas, vea a la persona y no a la silla de ruedas; que cuando cualquiera de nosotros nos encontremos con una persona con síndrome de Down veamos cuánto, cuantísimo, nos puede enseñar a todos sobre valores fundamentales en los que yo quiero creer: como la felicidad, la solidaridad, el entusiasmo, la falta de prejuicios o la inocencia.

Una meta conseguida…

Cuando se trabaja por los derechos de las personas, en especial por las más desfavorecidas, nunca hay metas conseguidas, siempre hay alguna otra meta por conseguir.

“CUANDO SE TRABAJA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS NUNCA HAY METAS CONSEGUIDAS, SIEMPRE HAY ALGUNA OTRA META POR CONSEGUIR”