Entrevista a Luís Cayo

PALABRAS CLAVE: CERMI, Discapacidad Intelectual, Entrevista
Autor: Down España
Fecha de publicación: 02/03/2009
Clase de documento: Entrevistas
Formato: Texto

Referencia bibliográfica

> Editor: Down España
> Nº de páginas: 2
> Colección de datos: Revista Down España nº 41

RESUMEN:

Entrevista a Luís Cayo, Presidente del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

ENTREVISTA A LUIS CAYO

Presidente del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

¿Qué líneas de trabajo han cambiado con su llegada al CERMI?, ¿cuáles son los objetivos prioritarios de su gestión?

El CERMI, por suerte, es una entidad que actúa corporativamente, es decir que tiene una cultura corporativa asentada, decantada. Los estilos de dirección o de gestión personales de sus directivos no deben tener un efecto demasiado perceptible, sería malo, a mi juicio. Además yo soy una persona que lleva en el CERMI diez años, en distintos puestos, y he participado de algún modo en la gestación de esa cultura corporativa, por lo que no va a haber un antes y un después. Pero trabajaré poniendo el énfasis en que el CERMI sea la entidad de referencia “política” de la discapacidad en España, que inspire y forje las políticas públicas de discapacidad que se desplieguen en el futuro. En esto radica el valor de lo que ha supuesto el CERMI, el ser un intangible de la discapacidad que aporta un valor eficaz para la trasformación que necesita la realidad, todavía muy ingrata, de las personas con discapacidad y sus familias.

¿Conseguirá la autonomía personal no ser la “hermanita fea” de una Ley que, paradójicamente, se denomina de Promoción de la Autonomía?

Tenemos que conseguirlo, la presión constante, la capacidad de propuesta, la persuasión y la crítica, han de ayudarnos en este objetivo irrenunciable. La discapacidad no desea dispositivos de dependencia, entendida en sentido pasivo, sino recursos y apoyos para la autonomía y la toma propia de decisiones. Es cierto, tristemente cierto, que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está basculando en estos años iniciales hacia la dependencia pasiva; y eso es un peligro y, digo más, un fraude, porque la Ley, con todos sus omisiones y defectos, es también y tanto de dependencia como de autonomía personal. Los responsables públicos que están encargados de desplegar la Ley y el Sistema tienen generalizadamente horizontes estrechos, visiones a veces burdas de lo que es la Ley, que hemos de transformar. Hemos de someterlos a cursos acelerados sobre lo que es la autonomía personal y lo que significa para las políticas públicas. No podemos actuar con marcos conceptuales y con dispositivos e intervenciones de hace 30 ó 40 años. Esos responsables políticos, y la tecnocracia que les da soporte, no se parecen a la ciudadanía a la que dirigen sus políticas.

¿En qué situación se encuentra España con respecto a Estados Unidos y el resto de Europa en cuanto a legislación y servicios sociales en materia de discapacidad intelectual?

Las comparaciones son odiosas, dice la frase hecha; quizá la acuñó alguien que tenía miedo a perder en la comparación, y así la evitaba. Fuera de bromas, no es fácil responder. Primero por las diferencias tan acusadas entre modelos de sociedad y de sus correspondientes políticas públicas; por una parte las europeas, y por otra la estadounidense. Esto se manifiesta particularmente en los llamados servicios sociales. Por una parte, está el modelo europeo, con sus notables diferencias, y el americano, que obedece a otra visión, a otro concepto. Pero respondiendo a la pregunta, diría que legislativamente la posición de España sería de cierta vanguardia, de cierta actividad intensa, pero una cosa es lo que dice la Ley y otra lo que de verdad sucede; existen diferenciales entre lo legislado y lo actuado. En otros países, la Ley y la realidad se parecen más; aquí hacemos lo más fácil, dictar leyes, que no son todo lo transformadoras que se necesitaría.

Cada vez las personas con discapacidad intelectual tienen más derechos y están más integrados en la sociedad, pero por el contrario, y debido a las pruebas prenatales, las estadísticas parecen indicar que cada vez nacen menos niños de este colectivo. ¿Cómo evalúa usted la situación?

Sí, es un hecho que llama a la reflexión. Las pruebas prenatales en sí mismas no son la causa, son la decisión a la que llevan, la interrupción del embarazo, el aborto. Desde el movimiento social de la discapacidad proclamamos el valor intrínseco de la diversidad humana, la dignidad de todas las personas, con o sin discapacidad. Eso, que es un valor superior de una sociedad decente, ha de presidir la legislación y la acción política, y se tiene que revisar, y ya mismo, leyes y prácticas que van contra esos principios. Eso significa, por ejemplo, y así lo ha reclamado el CERMI que el aborto, llamado eugenésico, no es admisible, por constituir un trato discriminatorio intolerable.

Se habla mucho últimamente de la educación inclusiva de las personas con discapacidad en general e intelectual en particular, pero ¿qué haría falta para que se alcanzara de una vez por todas?

De algún modo vivimos todos en la ficción, o mejor, en la convención, de que la educación en España es inclusiva. Y lo es en el plano legislativo, en nuestro marco legal, y en los discursos y en las mentalidades. Pero no sé si la realidad práctica se corresponde con ese plano legal y verbal. Creo que no, y de ahí la necesidad de actuar. No hay materias definitivamente resultas para la discapacidad, hay que mantener la vigilancia permanente, porque lo que parece conquistado corre el riesgo de disolverse. En materia educativa, nos pasa esto; hay que estar continuamente planteando la calidad de nuestra cacareada “integración”.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la visión que la sociedad tiene de la discapacidad intelectual y de su integración normalizada como ciudadanos de pleno derecho?

En esta cuestión soy optimista. Las sociedades complejas, como la española, son más propensas a gestionar y aceptar la diversidad; eso es un punto a favor de la presencia normalizada de las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidades intelectuales. Esto se ve reforzado por una mayor visibilidad, una más notoria presencia: en la escuela, en la calle, en los trabajos, etc. Todo esto ayuda, desata espirales de difícil retorno. No obstante, siempre estaremos en una situación un tanto precaria, quebradiza, por lo que la acción ha de ser constante, “indesmayable”.

El Gobierno acaba de aprobar la reserva del 2% de los puestos de la Administración Pública del Estado para la discapacidad intelectual, sin embargo, esta medida no afectará a las Administraciones Autonómicas ni a las Universidades. ¿Cuál es la postura del Comité al respecto?

El CERMI no tiene el poder legislativo, por desgracia, para la discapacidad. Es una propuesta que hemos planteado nada más comenzar esta legislatura al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios. Está en nuestra agenda política para este período y la defenderemos donde sea preciso. Estimo que hemos formulado una propuesta factible y justificada. Por de pronto, el Gobierno, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, se ha manifestado contrario, por lo que tenemos trabajo por delante, e intenso. Nunca nada es fácil para la discapacidad, por más cargados de razones que estemos. Nos queda la presión, la constancia y la persuasión activa.

“La discapacidad no desea dispositivos de dependencia, entendida en sentido pasivo, sino recursos y apoyos para la autonomía y la toma propia de decisiones”

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